El problema del cambio climático, y en particular la escasez hídrica, ha copado la agenda de varios medios, foros y seminarios, incluso ha sido tema de debates entre las próximas autoridades. La sequía, pasó de ser una emergencia puntual a una condición estructural, planteando grandes desafíos no solo para la agricultura sino también para las distintas actividades que se desarrollan en las ciudades y en el mundo rural.

Este nuevo escenario exige un cambio de mirada de todo el sector público, las empresas, las familias y las personas. Cambios que requerirán de más adaptación, capacidad de innovar y mayor conciencia sobre el uso de este bien tan escaso como es el agua, y tan vital no solo para beber sino también para alimentar, porque sí, el agua es alimento. Sin ella en nuestros campos no tendremos alimentos en nuestras mesas y por eso uno de los mayores retos que tenemos por delante es equilibrar sus usos, asegurando su disponibilidad para los hogares, las labores productivas y los ecosistemas.

Por esto, desde MINAGRI y en el marco del Plan Sequía del Gobierno, hemos declarado emergencia agrícola en 226 comunas de 9 regiones (más de dos tercios del total de comunas del país y gran parte del territorio nacional) e impulsado un plan de emergencia por más de $30 mil millones para 2021, mientras que en 2022 dispondremos de cerca de $155 mil millones solo para riego. Lo anterior, se suma a una serie de iniciativas interministeriales y de colaboración entre actores del mundo público, privado, de la sociedad civil y la academia para enfrentar este futuro que está cada vez más en el presente, con acciones de largo plazo en torno a una nueva institucionalidad, gestión de cuencas, protección de humedales y glaciares, infraestructura hídrica, fortalecimiento de organizaciones de usuarios, desalación y fomento a la investigación, entre otras.

Esta semana (miércoles 1 de diciembre) se votarán las indicaciones de la Ley de Riego que hemos propuesto para asegurar la alimentación de los chilenos y chilenas en los próximos años, un proyecto que escuchando a los territorios se ha adaptado para los nuevos tiempos, posibilitando el acceso de pequeños y medianos agricultores a riego tecnificado, construcción y mejoramiento de obras; excluyendo del subsidio a grandes empresas; incorporando objetivos ambientales y estableciendo la posibilidad de hacer concursos especiales ante emergencias. Hago un llamado a los parlamentarios de las distintas regiones a apoyar esta Ley y seguir siendo parte de la solución por el bien de la ruralidad y la seguridad alimentaria del país.

María Emilia Undurraga M.
Ministra de Agricultura

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