En el mes de septiembre del año 2021, la administración encabezada por el actual alcalde, Armando Flores Jiménez, tomó conocimiento de observaciones realizadas por la Intendencia de Atacama – hoy delegación Presidencial- en el marco de la entrega de recursos del año 2020 referente a la compra de insumos de desinfección y servicios de sanitización para mitigar la propagación del COVID en la comuna de Vallenar. 

A raíz de estas observaciones, el municipio, en este caso el alcalde, instruyó un sumario administrativo para determinar si hubo responsabilidades por parte de funcionarios del municipio, ya que las observaciones apuntaban a devolver una suma aproximada de 43 millones de pesos.

En este sentido, la Fiscal de dicho sumario detectó diversas irregularidades que ocurrieron en este proceso, principalmente por la suscripción de un contrato de trato directo por una suma de 9 millones y medio, el que posteriormente vio modificado su valor por 43 millones.

Al respecto conversamos con Paula Garay, directora de Jurídica, quien expresó que la fiscal, al revisar los antecedentes, concluyó que “esta situación no se justificaba, porque atentó contra lo establecido en la ley de compras, ya que debería haberse llamado a licitación pública para que se desarrollara este servicio de sanitización”.

No obstante, esta no fue la única irregularidad detectada, puesto que como comentó Garay. “Se hizo este pago al prestador de servicios sin tener el respaldo suficiente de que el servicio de sanitización se hubiese llevado de manera correcta, y se dictaron los actos administrativos sin tener este respaldo, por lo anterior la Fiscal del sumario sugirió como medida disciplinaria la destitución del director de Administración y Finanza, y la aplicación de multas a dos funcionarios que se vieron involucrados en este proceso. También sugirió a que se deriven estos antecedentes a la dirección Jurídica para que realice la denuncia en Fiscalía ante un eventual delito de malversación de fondos públicos”, expuso la abogada. 

En efecto, se tomó esta indicación teniendo en consideración que, en el mes de febrero, de este año, el municipio tuvo que hacer el reintegro a la delegación Presidencial con fondos propios, hecho que atenta contra el patrimonio de la institución pública, considerando además que en reiteradas ocasiones se ha indicado que se encontró con un patrimonio municipal bastante deteriorado, con un déficit producto de todas las deudas que se detectaron al asumir esta nueva administración.

Es así, como a través del equipo jurídico del municipio se hizo la presentación de esta denuncia. “Se llevó a cabo presentando la denuncia en Fiscalía para que esta entidad se encargue de determinar efectivamente si este delito de malversación fue llevado a cabo por el director de Administración y Finanzas”, sostuvo Paula Garay.

Asimismo, la directora informó que “paralelamente se remitieron los antecedentes a Contraloría Regional de Atacama para que inicie el juicio de cuentas en contra del director de Administración y Finanzas y contra todo aquel funcionario que se vea involucrado en el incumplimiento de este convenio que se suscribió en aquella época con la Intendencia Regional”. 

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