En regiones como Tarapacá, el debate sobre infraestructura suele centrarse en anuncios, carteras de proyectos o montos comprometidos. Sin embargo, el verdadero problema, y también la principal oportunidad, no está en cuánto se promete, sino en cuánto se ejecuta y cómo se gestiona esa ejecución.
El Ministerio de Obras Públicas de Chile cumple un rol estratégico en el desarrollo regional. No solo construye caminos, obras hidráulicas o infraestructura pública; en la práctica, define condiciones habilitantes para el crecimiento económico, la conectividad y la calidad de vida. En Tarapacá, esto es particularmente crítico considerando la geografía, la presión urbana en Iquique y Alto Hospicio, y las brechas históricas de infraestructura.
Pero el punto de fondo es otro: la brecha entre planificación y ejecución.
A nivel nacional, el MOP administró en 2025 un presupuesto superior a los $5,1 billones, con una ejecución cercana al 44,2% al primer semestre, equivalente a más de $1,6 billones ejecutados. Esto refleja capacidad de inversión, pero también una concentración histórica del gasto en la segunda mitad del año, lo que tensiona la gestión y la calidad de ejecución.
Cuando se observa la realidad regional, el contraste se vuelve más evidente.
En Tarapacá, la Dirección de Obras Portuarias ejecutó en 2025 más de $3.056 millones, fortaleciendo infraestructura costera clave para la actividad productiva. Sin embargo, en paralelo, otros proyectos de vialidad y obras hidráulicas presentan realidades dispares: mientras algunos avanzan con montos superiores a los $3.400 millones ejecutados, otros muestran ejecución marginal o prácticamente nula pese a contar con recursos asignados.
Este contraste no es menor. Refleja un problema estructural: la ejecución no depende solo de la disponibilidad de recursos, sino de la capacidad de gestión institucional.
A nivel agregado, la región ha demostrado que puede ejecutar. El Gobierno Regional alcanzó cerca de un 99% de ejecución presupuestaria en 2025, superando los $68 mil millones invertidos. Esto abre una pregunta evidente: si el sector público regional puede ejecutar con eficiencia, ¿por qué no todos los servicios logran ese estándar?
La respuesta está en la gestión, y esto implica al menos tres elementos centrales.
Primero, control de gestión efectivo. No basta con reportar avances porcentuales; es necesario identificar en tiempo real los cuellos de botella que frenan la ejecución. En distintos momentos del año, direcciones clave han mostrado niveles de ejecución iniciales cercanos al 14%, lo que evidencia la necesidad de seguimiento más riguroso.
Segundo, coordinación interinstitucional. Una parte relevante de los retrasos no se origina en el presupuesto, sino en permisos, licitaciones o articulación con otras entidades. Sin coordinación política y técnica, los proyectos pierden velocidad y sentido de oportunidad.
Tercero, gestión de riesgos y conflictos. En Tarapacá, cada obra tiene impacto directo en comunidades. Un retraso no es solo un problema administrativo: es un problema social y político que erosiona confianza.
En este contexto, el rol de los equipos directivos regionales es decisivo. No se trata solo de administrar, sino de ordenar la gestión, anticipar conflictos y asegurar que cada peso público se traduzca en infraestructura concreta y oportuna.
Tarapacá no enfrenta un problema de recursos. Enfrenta un problema de gestión que se arrastra por años.
Y esa es la diferencia entre una región que ejecuta presupuesto y una región que realmente se desarrolla.
Agustín Rendic /
Ing. control gestión UNAP /
Post. economía y finanzas USACH /
Integrante OET observatorio económico Tarapacá
