06 de octubre de 2022 Fiscalía concretó formalización de diputado Mulet en causa vigente de cohecho pasivo

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La Fiscalía de Atacama concretó  la formalización de cargos en contra del actual diputado Jaime Mulet Martínez, por su participación en el delito de cohecho pasivo, luego de reunir los antecedentes de un trabajo indagatorio respecto de actuaciones entre el ex alcalde Tierra Amarilla, Osvaldo Delgado, abogados actualmente investigados y formalizados que representaron a esta casa edilicia y la Compañía Minera Candelaria.

Por parte del Ministerio Público la audiencia fue asumida por el equipo de la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía de Atacama, donde se expuso que se indaga la actuación de los imputados, abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones, además de Jaime Mulet,y el abogado de la empresa minera Miguel Troncoso. 

En dicha instancia judicial, el Ministerio Público comunicó que a partir de la presentación de la mencionada Minera, en septiembre del año 2013 al Servicio de Evaluación Ambiental, de un plan de continuidad operacional denominado “Candelaria 2030”, Jaime Mulet Martínez, con el apoyo de dos funcionarios municipales de su confianza, convencieron al edil de la época, Osvaldo Delgado Quevedo, para que la municipalidad entablara acciones legales en contra de Minera Candelaria por daños ambientales que ésta ocasionaba en la comuna. De esta manera, el ahora diputado habría convencido al alcalde para la contratación de abogados de su confianza para conformar un equipo jurídico que se encargara de conducir y patrocinar las demandas judiciales que forzaran una negociación contra ley con la Minera. Sellándose así la contratación de los imputados investigados Hernán Bosselin y Ramón Briones a través del estudio jurídico del cual formaban parte en el mes de diciembre del año 2013.

De acuerdo a lo argumentado por la Fiscalía, en diciembre de ese año se presentó la demanda de reparación por daño ambiental ante el Segundo Tribunal Ambiental en la que se solicitó que Minera Candelaria fuera condenada a la reparación de los daños ambientales, a través de medidas que única y exclusivamente estuvieran dirigidas a reparar la situación ambiental en la que se encontraba y se encuentra aún la comuna; de forma paralela se efectuó una intervención permanente en el proceso de calificación ambiental del proyecto de continuidad operacional “Candelaria 2030” solicitando el rechazo del mismo por parte del municipio, efectuando denuncias ante la Superintencia de Medioambiente por las infracciones a la normativa ambiental. 

Según la investigación y los antecedentes indagados que dio a conocer el Ministerio Público en la audiencia, posterior a las acciones judiciales ambientales ya presentadas, los imputados coordinaron reuniones de negociación con los representantes de Minera Candelaria, en las que no se buscaba una reparación del daño ambiental que afectaba a la comuna de Tierra Amarilla ni medidas de mitigación, sino que obtener una millonaria suma en favor de la Municipalidad y de los abogados patrocinantes, lo que se plasmó en una transacción extrajudicial en que, a cambio de importantes sumas de dinero, el alcalde Delgado Quevedo renunciaba a todas las acciones ambientales en contra de Candelaria, cuestión expresamente prohibida por la ley. 

 

CONVENIO

En la audiencia de formalización de este jueves se conoció que en septiembre del año 2015 se reunió de forma extraordinaria del Concejo Municipal de Tierra Amarilla en la que estuvieron presentes Osvaldo Delgado y su asesor Jaime Bahamondes por la municipalidad y el abogado ya formalizado en esta causa, Miguel Troncoso, en representación de la minera. Ocasión en que se expusieron las ventajas de un convenio de cooperación entre el municipio y la empresa. Sin embargo, a esta sesión no fueron convocados los concejales quienes no tuvieron la opción de conocer el texto de la transacción alcanzada. Tampoco se informó, en dicha sesión, acerca de los honorarios que recibirían los abogados imputados Bosselin y Briones por esta transacción, beneficio que Candelaria se comprometía pagar a la municipalidad y a sus abogados, para garantizar su continuidad operativa. Puntos respecto de los que figuró de modo irregular en el acta de la referida sesión extraordinaria una supuesta aprobación por parte del Concejo Municipal.

En la sesión quedaron plasmados dos instrumentos privados suscritos entre las partes, el primero referido a una transacción de 7 millones de dólares; y el segundo, un convenio de cooperación mutua que significó el compromiso de un aporte cercano a los 40 millones de dólares. Con ello, se procedió a la firma de una escritura pública, en que se determinó, entre otros puntos, que Minera Candelaria no había incurrido en ninguna de las conductas constitutivas de daño ambiental descritas en la demanda y denuncias; no perseverar con la demanda presentada por la Municipalidad ante el Tribunal Ambiental; además de declarar y reconocer la inexistencia de daño ambiental alegado en las demandas, denuncias o acciones existentes. 

Finalmente, se indicó que del beneficio económico obtenido por el acuerdo, que alcanzó los US$7.000.000.- recibidos por el Municipio, US$3.000.000.- ingresaron a las arcas municipales, en tanto que US$4.000.000.- se destinó a los honorarios de los abogados imputados en esta causa. 

 

FORMALIZACIÓN

Por estos hechos, la Fiscalía investiga a los imputados Bosselin y Briones, además de Jaime Mulet, por su participación en calidad de autores inductores del delito de cohecho pasivo, además de soborno en relación de la persona jurídica de Minera Candelaria y soborno respecto del abogado de dicha empresa Miguel Troncoso. 

Este jueves se fijó una nueva audiencia para el próximo 21 de octubre, fecha en la que el Ministerio Público procederá a reformalizar a los abogados Bosselin y Briones, además, por el ilícito de prevaricación de abogado. 

Finalmente, el plazo para la investigación de los hechos, respecto del diputado Mulet, el Tribunal decretó 2 meses para el desarrollo de las diligencias investigativas. 

Respecto de esta causa y declaraciones que hablan de una supuesta persecución política en esta causa, el Fiscal Regional de Atacama, Alexis Rogat, indico “La Fiscalía de Chile no tiene ningún interés que no sea indagar hechos que son constitutivos de delito cumpliendo la función constitucional en este caso y no hay ningún interés de los fiscales, de quien habla ni de la institución de efectuar una persecución política”, finalizó.

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