La Junta de Vigilancia de la cuenca del Río Huasco y sus  Afluentes (JVRH) lamentó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago al rechazar el recurso de casación presentado con el fin de demostrar la insubsistencia de dos derechos de agua por un caudal total de 920 l/s en el sector Matancilla, dado que nunca se han usado las aguas, y en subsidio se solicitó se declare la nulidad de las anotaciones marginales practicadas en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena con las sentencias judiciales que perfeccionaron esos derechos, además de anunciar que recurrirán al máximo Tribunal Supremo.

En su oportunidad, la sentencia del 3º Juzgado Civil de Santiago rechazó la demanda, por lo que la Junta de Vigilancia y comunidades de Agua Potable Rural (APR) interpusieron en su contra recursos de casación en la forma y de apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago, basados en lo erróneo e infundado de dicho fallo, ya que en lo esencial no consideró la contundente prueba rendida por los demandantes y las irregularidades procesales cometidas en los juicios de perfeccionamiento de los derechos de aguas referidos.

Nicolás Del Río Noé, presidente de la JVRH, explicó que el litigio del caso Matancilla es de larga data, “respecto del perfeccionamiento de unos derechos de aguas a través de un juicio de una sociedad de inversiones, quienes persiguen inscribir de forma irregular 920 l/s en la cabecera de la cuenca, derechos que a nuestro juicio no existen y nunca han existido, por eso estamos en los tribunales reclamando un juicio de insubsistencia con el fin de demostrar que estos derechos de agua nunca estuvieron en el lugar dónde pretenden inscribirlos”.

Respecto al impacto que ocasionaría dicho fallo en las comunidades del Huasco y gran parte del territorio de la región de Atacama, Del Río sostuvo que “el fallo del tribunal afectaría al tramo uno, ubicado en el Valle de El Tránsito, porque la dotación de agua que está inscrita  por esta sociedad de inversiones es prácticamente el total del recurso hídrico con el cual se abastecen todos los regantes de esta cuenca, aproximadamente 980 acciones las que son utilizadas para el riego, más de 500 agricultores, todas estas aguas radicadas en la actualidad en los habitantes de este valle las cuales quedarían exclusivamente en estas tres sociedades de inversiones”.

La importancia de este litigio es el rol que debiera cumplir la Dirección General de Aguas (DGA) ante la Corte Suprema, ya que es “un juicio de perfeccionamiento en contra de la DGA, quienes deben hacerse parte de este y verificar que los antecedentes aportados por los privados para obtener estos derechos de aguas sean verídicos, antecedentes que en su momento el tribunal no tuvo a la vista, lo que pudo haber demostrado la insubsistencia de estos derechos”, agregó el máximo directivo de la JVRH, agregó el presidente de la JVRH, Nicolás Del Río.

En el mismo contexto, Del Río expresó que “la DGA debe emitir un informe y hacerse parte de este litigio ante el Tribunal Supremo, de manera que se pueda demostrar una inobservancia en el proceso de regularización y perfeccionamiento de derechos , error que hoy afecta a más de tres mil usuarios de aguas de la cuenca del río Huasco, pero también a las comunas de Vallenar, Freirina y Huasco, sumado a las comunidades APR, quienes también se han formado parte de este juicio advirtiendo a los tribunales y a la propia DGA que este hecho afectarían gravemente la distribución de agua para el consumo humano”.

Reunión con comunidades:

Hasta la localidad de El Corral, valle de El Tránsito, llegó el presidente de la JVRH, Nicolás Del Río Noé, junto al Gobernador Regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, con el propósito de reunirse y escuchar a las comunidades de Alto del Carmen, analizar dicho fallo y anunciar una serie de medidas que emprenderán en conjunto a los regantes, pequeños agricultores, autoridades locales y la Junta de Vigilancia.

Vargas Correa, señaló que “hemos querido estar en el Valle de El Carmen para palpar junto a los pequeños agricultores de esta zona la molestia que existe por el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que de prosperar en la Corte Suprema puede dejar sin agua a muchos regantes de esta zona. Son más de 900 l/s pertenecientes a esta cuenca que se podrían entregar a particulares y con eso poner en riesgo la sustentabilidad del valle y el desarrollo de la pequeña agricultura”.

“Lo que está en juego aquí son los intereses de Atacama, y desde el Gobierno Regional vamos a apoyar todas aquellas acciones que permitan defender el agua del valle del río Huasco, eso es lo que hemos dicho junto al alcalde Cristian Olivares, directivos de la Junta de Vigilancia, regantes y pequeños agricultores de la zona, porque tenemos que hacer causa común de algo que consideramos justo, la defensa del agua de este valle”, agregó el Gobernador Regional de Atacama.

Respecto a los compromisos sostenidos, Vargas anunció que “hemos tomado la decisión de solicitar una audiencia con el ministro de Obras Públicas para asistir con una delegación de la región de Atacama, con el propósito de pedir interceder con la DGA para hacerse parte en esta instancia de apelación en la Corte Suprema, además no descartamos otras acciones judiciales como recurrir al Tribunal Constitucional”, recalcó Vargas Correa.

El objetivo de la JVRH, comunidades de aguas, habitantes del Huasco, autoridades regionales y locales, es resguardar el río y sus afluentes ante la justicia, específicamente las aguas del primer tramo, en orden a revocar la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, dejar sin efecto las inscripciones de los derechos de aprovechamiento de aguas por 920 (l/s) y evidenciar ante el máximo tribunal la insubsistencia de estos derechos de aguas.

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