La contundencia de la investigación del Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Tarapacá con la Policía de Investigaciones permitió la condena a penas que suman 30 años y 10 años, respectivamente, de dos miembros del Tren de Aragua que, entre los años 2021 y 2022, mantenían el control territorial del comercio sexual en cuatro plazas del sector céntrico de Santiago, cobrando multas y pagos semanales bajo amenazas de muerte con armas de fuego.
En el juicio se dio por acreditado que los dos acusados venezolanos formaban parte de la asociación criminal trasnacional conocida como Tren de Aragua, dedicándose a controlar el negocio ilícito de explotación sexual de mujeres que trasladaban de otros países hasta Chile para que ejercieran la prostitución en la vía pública, específicamente en las plazas Cruz Verde (Vicuña Mackenna con 10 de Julio Huamachuco), Bustamante (Avenida Bustamante con Marín, Providencia), Morandé (Morandé esquina San Pablo) y Plaza de Armas.
Dichas mujeres quedaban sometidas al control de la organización pagando altas sumas de dinero como multa por el traslado al país (sobre los 2 millones de pesos), además debían pagar una “entrada” por ubicarse por primera vez en la plaza y pagos periódicos por el uso de dicho lugar (entre 100 y 200 mil pesos semanales). El acusado Luis Peraza Mijares, apodado “Burrito”, era uno de los jefes de plaza: disponía los lugares en que las mujeres debían ejercer el comercio sexual, fijaba los valores a cobrar, las personas encargadas de recaudarlas y las medidas de coerción destinadas a asegurar su pago. El acusado Yondri Martínez Garcés, en tanto, integraba el grupo encargado de ejecutar las acciones más violentas de amedrentamiento contra quienes incumplían las órdenes. De hecho, uno de los casos acreditados en el juicio, fue el secuestro de una mujer en Santiago que mantenía una “deuda” con el Tren de Aragua y a quien le dispararon en el pie como castigo.
Luego de la presentación de la prueba por parte del fiscal de SAC, que incluyó el testimonio de los oficiales que realizaron las diversas diligencias, Luis Peraza Mijares fue condenado a penas que suman 30 años de presidio efectivo como autor de los delitos de asociación criminal, secuestro y el delito de reiterado de trata de personas con fines de explotación sexual.
Yondri Martínez Garcés fue condenado por los delitos de asociación ilícita y secuestro a penas que suman más de 10 años de presidio efectivo.
