Una funcionaria de la Superintendencia de Educación de la región de Los Lagos fue despedida por segunda vez a pesar de tener fuero maternal. La trabajadora, Pamela Celis Aburto, ejerce como Encargada de la Unidad de Denuncias y Comunicaciones en dicha zona y además es exdirigenta regional de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Superintendencia de Educación (ASUME).

 

La primera desvinculación ocurrió en septiembre de 2020 donde se acusó a la funcionaria (embarazada) de presuntas “faltas a la probidad”, pero la Contraloría General de la República rechazó el sumario administrativo por vulneraciones al debido proceso. Luego de ello, en noviembre de ese mismo año, el superintendente de Educación, Cristián O’Ryan, envió un correo masivo a todo el servicio explicando que la destitución era porque la profesional habría cometido una infracción “grave a sus obligaciones funcionarias”, y que en ese marco la destitución surgió de un proceso “ajustado a derecho en todas sus etapas”, donde “se comprobaron hechos graves que constituyen faltas a la probidad administrativa”,  y que cuando “un funcionario infringe gravemente sus obligaciones, no sólo está afectando la labor de la Superintendencia sino también los derechos de muchos niños y niñas, estudiantes del país”. 

 

Sin embargo, en el fallo, la Contraloría General de la República, señaló que dicho proceso no se ajusta a derecho (Contraloría ES Nº‪13342 14‬/06/2021), porque según las faltas acusadas no corresponde el despido. Frente a lo cual el superintendente O’Ryan ordenó nuevamente un sumario que por segunda vez informó la destitución de la funcionaria desde el 29 de diciembre de 2021, con lo cual volvió a vulnerar el fuero maternal que expira el 12 de marzo de 2022.

 

La presidenta nacional de Asume, Carmen Jiménez, explicó que “nuevamente vemos como se vulnera el fuero maternal de nuestra compañera de trabajo con un nuevo sumario administrativo que deriva es su desvinculación. Es por ello, que nosotros y nosotras consideramos que aquí hay una persecución de parte de la  directora regional (Los Lagos) de la Superintendencia de Educación, Paulina Rettig, y del mismo superintendente Cristián O’Ryan, porque la funcionaria fue dirigenta de nuestra organización gremial”. 

 

Y agregó que “el primer sumario llegó cuando ella estaba con 37 semanas de embarazo y se tuvo que enfrentar en esa condición a todos los trámites judiciales para poder defenderse. Hemos denunciado al superintendente Cristian O’Ryan en la Contraloría por falta a la probidad administrativa, por vulneración al principio de imparcialidad y abstención, ya que después de la resolución que obliga a desestimar la sanción, se manda un comunicado masivo acusando nuevamente la honra de nuestra colega. Además presentamos un escrito ante las Comisiones de Educación y de Género, de la Cámara de Diputados y por ambas presentaciones ya se ofició a la Superintendencia para que entreguen la información”.

 

La trabajadora Pamela Celis, de profesión abogada, igualmente, demandó al superintendente de Educación por tutela de derechos fundamentales, por las vulneraciones de su fuero y por las declaraciones en su contra. 

 

“Esperamos que este proceso se sobresea y dejen sus cargos las personas responsables de estas vulneraciones”, concluyó Carmen Jiménez.

 

 

 

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