El surgimiento de bandas criminales extremadamente violentas, con métodos y delitos que no se habían visto antes en la región; el aumento importante de los homicidios y la inmigración absolutamente descontrolada que existe en la zona, que impide saber quién ingresa al país; son algunos de los factores que para el fiscal regional, Raúl Arancibia, hacen indispensable enfrentar con seriedad la situación criminal que se vive en Tarapacá, adoptando medidas específicas para la región que eviten que esta delincuencia organizada se extienda al resto del país.

“El surgimiento de estas bandas ha sido sostenido y así, día a día, van ocurriendo nuevos hechos que nos sorprenden primero, pero desgraciadamente pareciera que uno tiende a ir poco a poco acostumbrándose. Esto es lo que no debemos permitir, nuestra región no puede perder la condición de zona segura y atractiva para vivir. Creo firmemente que todo esto se puede remediar y todavía estamos a tiempo de hacerlo, pero solo será posible cuando todos sinceremos y reconozcamos que enfrentamos un grave problema, que requiere de una política de Estado que vaya más allá del gobierno de turno”, afirmó Arancibia.

En su cuenta pública, el fiscal indicó que el año pasado se recibieron un poco más de 32 mil denuncias, un 8% menos que el periodo anterior. Sin embargo, esta disminución se debió principalmente a la caída de los delitos contra la salud pública (-50%) y del ingreso ilegal de extranjeros (-74%), que en abril dejó de ser considerado delito. También hubo baja en los delitos de robo por sorpresa (27%), robo en lugar no habitado (20%) y los delitos económicos (16%).

Sin embargo, aumentaron los delitos violentos, como los homicidios (138%), el tráfico de drogas (42%), tráfico de migrantes (501%), porte de arma cortante (124%) y los robos con violencia e intimidación (18%).

En materia del combate al tráfico de drogas, el fiscal destacó que junto a la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Armada de Chile se desarticularon 45 bandas criminales, con cerca de 200 detenidos (chilenos y extranjeros) que ingresaban droga al territorio nacional y la comercializaban en distintos puntos de la región y del país, incautando en total más de 10 toneladas de marihuana, clorhidrato y pasta base de cocaína.

Agregó que, pese a las restricciones sanitarias, la Fiscalía trabajó en disminuir los retrasos en las causas, logrando más de 5 mil sentencias definitivas condenatorias, realizando casi 47 mil audiencias en los tribunales, de las cuales 6.800 correspondieron a controles de detención y más de 6.200 imputados fueron formalizados por algún delito.

El persecutor indicó además que se realizaron 552 juicios orales, obteniendo el año pasado tres condenas a presidio perpetuo por delitos graves como un robo con homicidio, un femicidio y un robo con violación.

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